Quién responde
Un mapa de amenazas sin un mapa de quién responde es media herramienta. Esta capa dibuja los actores que tendrían que sentarse en la mesa de un centro sectorial de ciberseguridad, y quién puede convocarla, porque el valor de un centro de intercambio no es escanear: es saber, cuando aparece una amenaza, a quién llamar y quién decide.
Grafo de gobernanza: operadores ancla, cámaras sectoriales, operadores de mercado, autoridad estatal y convocantes. Las líneas son relaciones de gobierno o pertenencia. Fuente: estatutos públicos y el análisis de replicabilidad del consorcio de ciberdefensa energética.
La coalición ya existe
La estructura que haría falta para un centro sectorial funciona desde 1992. CAMMESA, que administra el mercado eléctrico mayorista, está cogobernada por las cuatro cámaras del sector, generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios, más el Estado. Las empresas que habría que convocar ya son socias entre sí en la administración del despacho. Del lado del gas, MEGSA repite el molde: el Estado creó la figura por decreto y una entidad privada la constituyó y la operó.
El convocante no aporta plata: aporta la firma. La Secretaría de Energía, o el ente regulador, puede crear una mesa de coordinación por una resolución de costo fiscal cero. El Centro Nacional de Ciberseguridad es la autoridad nacional, y la Jefatura de Gabinete ejecuta el programa del Banco Interamericano de Desarrollo que ya tiene presupuestado, y sin ejecutar, un producto de intercambio de información con el sector privado. Las piezas están; falta sentarlas.
Por qué privado y no estatal
La experiencia comparada es consistente: los esquemas de intercambio de amenazas funcionan mejor cuando los constituyen y operan los propios operadores, con el Estado como convocante y no como administrador. Dos razones lo explican, y las dos aplican en Argentina. Una entidad privada queda fuera del régimen de acceso a la información pública, así que un incidente reportado a ella no es pedible por un tercero. Y no hereda la volatilidad de las reorganizaciones estatales, que en materia ciber fueron cuatro en quince años.
Límites de esta capa
- El grafo es un modelo de gobernanza, no el organigrama vigente de ninguna entidad. Refleja quién se relaciona con quién, no una estructura ya constituida.
- Los operadores ancla marcados son un subconjunto ilustrativo, no una lista cerrada ni una invitación formal a nadie.
- La articulación entre el Centro Nacional de Ciberseguridad y un centro sectorial privado está dibujada como propuesta, no como un vínculo existente.